“Entendemos que el Estado tiene que empezar a compensar a quienes les expropió terrenos, y también tiene que diseñar políticas públicas destinadas a agilizar esos procesos”, sugirió el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños.
Sus declaraciones se producen frente a la publicación de un informe que reveló esa entidad, en el que se establece una valoración del papel del Estado dominicano, “respecto no solamente a las expropiaciones que ha hecho, sino a las asignaciones de inmuebles que ha venido otorgando históricamente”.
Sobre el referido informe “Diagnóstico sobre la labor de la comisión permanente de titulación de terrenos del Estado como parte del Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado”, Castaños especificó que lo que se ha tratado es el comportamiento desorganizado que ha tenido el Estado con relación al tema.
“Un Estado que no le pagó el justo precio a quienes les expropió terreno y eso ha traído como consecuencia que no haya sido capaz de expedirles los títulos a las personas que les asignó inmuebles. También hemos visto cómo las instituciones que han venido trabajado ese tema, no han tenido una coordinación”, aseveró.
El ejecutivo enfatizó que dicha comisión, que se creó para que esas instituciones coordinaran acciones, no ha surtido los efectos esperados, por lo que estima que la meta del presidente Danilo Medina de titular 150,000 títulos está muy lejos de materializarse.
“No creemos que lleguen ni a 10,000 títulos. Estamos frente a un verdadero problema, sobre todo a quienes se han beneficiado de esas asignaciones, que no tienen forma de cómo transferir o hacer ningún tipo de negocios con esos inmuebles”, lamentó.
Castaños se refirió al tema al ser entrevistado por periodistas luego de participar en el primer desayuno “Seguridad ciudadana y medios de comunicación”, desarrollado en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
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